Le habrían pedido ayuda para llenar Plaza de la Constitución; es el acarreador favorito de Morena.
Orden a Cravioto y José Carlos Acosta a no presionar funcionarios a votar por César Piña, sería buen pago.
Por Aldo Fuentes
Hugo Alonso Ortiz parece haber dado un gran paso hacia la presidencia del SUTGCDMX, el sindicato mayoritario del Gobierno de la Ciudad de México, al cubrir la cuota que se le puso de llevar trabajadores al zócalo al cierre de la gira por el país por el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La petición para contribuir a que la concentración de la Presidenta de la República luciera completamente lleno, fue del más alto nivel del gobierno federal. Una llamada fue de la jefatura de gobierno de la ciudad.
Morena se apoya en la capacidad de convocatoria que el dirigente sindical tiene, especialmente en trabajadores de Nómina 8, a quienes en el gobierno de Miguel Ángel Mancera negoció estabilidad laboral.
Para el secretario general de la sección 1 “Limpia y Transportes”, después que en enero de 2020 se le negó el reconocimiento al triunfo que obtuvo con el voto mayoritario y tampoco la elección en una asamblea extraordinaria en octubre de 2025, la petición para que con trabajadores de limpia llenara una buena parte de la Plaza de la Constitución el domingo 27 de septiembre, parece un guiño que pudiera beneficiarlo en el resultado electoral.
Con una sola orden sería suficiente para Alonso Ortiz: que el secretario de gobierno, César Cravioto y el director general de desarrollo de personal y desarrollo administrativo, José Carlos Acosta Ruiz se abstengan de presionar a funcionarios para que voten por el candidato de la planilla roja, César Piña Rodríguez.

Cravioto y Acosta Ruiz son contrarios a un eventual triunfo del dirigente sindical en limpia en las elecciones del 27 de noviembre por la presidencia y comité ejecutivo general del SUTGCDMX.
El secretario de gobierno, en una conferencia de prensa unos días después del 21 de septiembre de 2025 en que de acuerdo con los estatutos sindicales concluyó la gestión de Aarón Ortega Villa, anunció que la convocatoria a elecciones la debía llevar a cabo la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), en una abierta intromisión en asuntos que no le corresponden.
Un acuerdo llamado “tutela jurídica efectiva”, con la Secretaría de Gobernación, generó condiciones para que con intervención del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y con la aceptación de los dos grupos que agrupan a los 40 secretarios generales seccionales, se convocara a elecciones por la presidencia y el comité ejecutivo general del SUTGCDMX, aún cuando la legalidad fue hecha de lado, contrario al mensaje que en sus redes posteó Rosa Icela Rodríguez y que exhibe el desprecio por el marco jurídico.

Esas elecciones carecen de legitimidad -contrario a lo que sostiene el tribunal de conciliación-, debido a la violación de los estatutos sindicales, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Constitución Política.
El tribunal de conciliación y arbitraje ha asegurado que el proceso electoral del sindicato más numeroso del Gobierno de la CDMX, se lleva a cabo con transparencia y estricto apego a la legalidad y la democracia.
Las ilegalidades lo desmienten: el artículo 45 de los estatutos sindicales establece y cito textual: “el candidato electo -a la presidencia- por mayoría durará cuatro años -y no seis, como será en esta ocasión- en su ejercicio por única ocasión, sin posibilidad de reelección o ampliación de su mandato”. Previene incluso que el periodo de gestión deberá respetar las garantías previstas por la fracción II de la Ley Federal del Trabajo.
Lo anterior significa que el tribunal de conciliación y arbitraje legalizó lo ilegítimo al ampliar, sin tener facultades, la gestión de Aarón Ortega Villa en la presidencia del SUTGCDMX. Su obligación era observar estrictamente lo que establecen los estatutos sindicales.
También de manera ilegítima y sin facultades amplió las gestiones sindicales en siete secciones del SUTGCDMX, incluidas tres de las cuatro más numerosas: 1 “Limpia y Transportes” -la actual gestión de Hugo Alonso concluirá el 27 de octubre-, la 12 “Servicios Médicos” -Benigno Martínez Escalante debió entregar la secretaría general el 21 de agosto- y la 6 “Bosques, Parques y Jardines” -Javier Gaytán terminará en noviembre-.

El artículo 161 de los estatutos, establece que los periodos en las secciones, duran cuatro años y no autoriza ningún tipo de prórrogas.
Un acuerdo, así sea con la Secretaría de Gobernación, no debiera pasar por encima de los estatutos, los que son la ley máxima de cada sindicato.
La elección de dirigentes en el SUTGCDMX se caracteriza por el cochinero. Los grupos “azul” y “rojo” que aglutinan a los 40 secretarios generales seccionales, firmaron un acuerdo en el que fijaron que las campañas de proselitismo de los candidatos serían del 4 al 25 de noviembre.
Tanto Alonso -candidato de la planilla “azul”-, como César Piña Alonso -postulado por la “roja”-, están en campaña desde la segunda quincena de septiembre. Ni ellos respetan su palabra, mientras el tribunal de conciliación y arbitraje sigue con sus rollos mareadores que exhibe la falta de respeto a la ley en los gobiernos morenistas.
El desmadre es de tal magnitud, que los integrantes de la ilegal -por antiestatutaria- comisión encargada del proceso electoral, Miguel Ángel Manzo Estrada Manzo y Rafael Eduardo Franco Curtis por su lado, y Marta Rojas Ponce y Rafael Torres Correa por el otro, se han volcado en apoyo a sus candidatos Alonso Ortiz y Piña Rodríguez. ¿No debieran ser neutrales?
Solo falta que el “árbitro” del tribunal de conciliación -el cual firmó la convocatoria a elecciones-, Irving Alexis González Martínez se decidiera sumarse a uno de los dos candidatos a la presidencia del SUTGCDMX. La suya es una figura no prevista por los estatutos, por tanto es ilegal.
La petición para que Hugo Alonso llevara trabajadores acarreados al mitin del zócalo -su muchacho, el diputado local Juan Rubio Gualito transmitió en vivo ponderando la rendición de cuentas, pese a que él no ha clarificado la aviaduría en limpia-, le permite acercarse a su sueño de ser presidente del sindicato mayoritario del GCDMX.
Solo que debe prestar atención a los pleitos internos de su grupo. Un conflicto en el Hospital Xoco que derivó incluso en violencia entre los trabajadores, fue aprovechado por Benigno Martínez Escalante, ilegítimo secretario general ampliado de la sección 12 “Servicios Médicos”, para responsabilizar al ex magistrado Miguel Ángel Reyes Guerrero, dirigente de la 21 “Acción Socia”, de los hechos.

Martínez Escalante -señalado por dos mujeres en carpetas de investigación de la Fiscalía de Justicia de la CDMX por delitos sexuales- recurrió a José Luis Cervantes, esposo de la secretaria de trabajo de la seccional, Ana Lydia Trujillo Huerta, para atacar a Reyes Guerrero, en el que, paradojas de la vida, demanda un basta contra la violencia de las mujeres, mediante un post it colgado en Facebook, con una foto del ex magistrado.
El conflicto en el Hospital Xoco estalló cuando trabajadores exigieron la renuncia de la directora, Joana Angélica Bonfante Delgado. Pese a que la mayoría son afiliados de la sección 12, ni Martínez Escalante ni ninguno de sus cercanos, estuvieron al cuidado de lo que ocurría, aún cuando se bloqueó Avenida Cuauhtémoc para presionar a que se les diera solución. ¿Así atienden asuntos laborales o es más importante la campaña electoral de Alonso?
En las elecciones de 2024, Martínez Escalante a través de whatsap distribuyó fotografías del ex magistrado Reyes Guerrero en las oficinas de Santiago Taboada, candidato del PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.
El esposo de la señora Trujillo Huerta también exhibió al secretario de finanzas de la seccional, Enrique Fernando Mendoza Ruiz, cuando anunció su decisión de sumarse al grupo de Piña Rodríguez -véanse estas Fuentes del 13 de septiembre-.