Director de ISSSTE impulsa reelección de Norma Liliana; oportunidad de control dejado por Victoria Ranfla
Aliado con dirigente de FSTSE, presionan a tribunal de conciliación para no validar elección de Alonso.
Por Aldo Fuentes
El domingo 22 de marzo el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), cumplirá seis meses de estar acéfalo, pese a que desde octubre Hugo Alfredo Alonso Ortiz fue electo presidente en una asamblea extraordinaria, pero sin reconocimiento del tribunal de conciliación.
El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, en complicidad con el dirigente de la central burocrática FSTSE, Marco Antonio García Ayala, está convertido en el principal promotor para que el tribunal de conciliación y arbitraje niegue el reconocimiento a la elección del secretario general de la sección 1 “Limpia y Transportes” como dirigente del sindicato mayoritario de la ciudad.
Batres está empeñado en obtener el control de dos de los sindicatos más importantes de la burocracia nacional, como son los del ISSSTE y el SUTGCDMX, en acuerdo con Antonio García Ayala.
En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), con una membresía superior a los 70 mil afiliados, la muerte de Luis Miguel Victoria el pasado miércoles 11 de marzo, parece haberle facilitado la cooptación de Norma Liliana Rodriguez Argüelles.
El mismo día que se realizó el funeral de quien era el líder indiscutible del grupo que detenta el control, Batres se reunió con Norma Liliana. También estuvieron Ernesto Moreno Morales y Beatriz Vélez Núñez, en representación del presidente de la FSTSE.
La muerte de Victoria Ranfla provocó la suspensión del III congreso extraordinario que se realizaría los días 13, 14 y 15 de marzo en Oaxtepec, Morelos, pese a que de acuerdo con el estatuto Norma Liliana no tiene facultades estatutarias para esa decisión.
Ese congreso se efectuará a partir del miércoles 18 de marzo, en la Ciudad de Mexico con violaciones sistemáticas al estatuto. La presidenta justificó su decisión en facultades que supuestamente le habría conferido el pleno del comité ejecutivo nacional.
El estatuto sindical tampoco autoriza al pleno -en el que votan los 51 titulares de cartera, el vicepresidente y la presidenta- a delegar la facultad para cambiar la fecha de celebración del congreso y el sitio de realización. Según Norma Liliana fue a través del acuerdo PO/04072000/2 que no ha exhibido.
La apuesta, es que el tribunal de conciliación y arbitraje pase por encima del estatuto y del marco jurídico y valide la reforma que se introducirá al estatuto sindical para permitir la eventual reelección de la presidenta.
Al pleno del tribunal de conciliación se integraron recientemente como magistrados representantes del gobierno federal, Nazario Roberto Sánchez y Hegel Cortés Miranda, mientas Mario Paul Bravo Caldelas en representación de los trabajadores.
Sánchez fue sancionado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México por violencia política en razón de género, al abrazar indebidamente a la panista Luisa Gutiérrez Ureña en el Congreso de la CDMX, cuando ambos eran diputados.
Hegel Cortés Miranda forma parte del grupo de René Bejarano, quien en 2003 lo designó oficial mayor de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal -antecedente de lo que ahora es el Congreso de la CDMX-. Meses después estalló el escándalo por el dinero que al de las ligas le entregó el empresario Carlos Ahumada.
A su vez Mario Paul Bravo Caldelas es magistrado representante de los trabajadores por la central burocrática FSTSE. Se sospecha que es cuñado de Marco Antonio García Ayala, de quien fue secretario particular en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud.
Es importante destacar que Adelaida Alvarado Alonso, es magistrada representante de los trabajadores ante el tribunal de conciliación, designada por la FSTSE, en la que Norma Liliana es primera vicepresidenta. Es, además , secretaria de asuntos jurídicos del SNTISSSTE y partidaria de la reelección.
El dirigente de la FSTSE, firmó una propuesta que según esto fue rechazada por Alonso Ortiz, en la que se establecía que Aarón Ortega Villa se mantuviera durante un año en la presidencia del SUTGCDMX, tiempo durante el cual se convocaría a elecciones.
Esa propuesta fue hecha a través del subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, José Luis Rodríguez. Alonso Ortiz la rechazó porque no tenía la firma de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada.
El 18 de octubre, en términos de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, Alonso Ortiz y 14 secretarios generales seccionales del sindicato mayoritario de la ciudad, convocaron a una asamblea electoral extraordinaria, de acuerdo con lo previsto por el artículo 371 fracción VIII.
Ese dispositivo legal establece que cuando no se convoca oportunamente a elección de dirigentes sindicales, con las firmas de la tercera parte de los trabajadores que lo integren, podrán llamar a una asamblea electoral, cuyo resultado será válido con la condición que participen dos terceras partes del padrón laboral.
Desde el 29 de octubre, Alonso Ortiz y los secretarios generales seccionales solicitaron al tribunal de conciliación y arbitraje que preside el magistrado Cristóbal Arias Solís, tomara nota de los acuerdos de esa asamblea, en la que se eligió a Hugo como presidente y a los integrantes del comité ejecutivo general,al haber cumplido con los extremos de la ley laboral.
Transcurridos cinco meses, el tribunal violenta lo dispuesto por el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo, el cual ordena que en los siguientes veinte días deberá acordar lo conducente.
Al parecer, el presidente de la FSTSE, en acuerdo con Batres Guadarrama y el grupo opositor a Alonso Ortiz en el SUTGCDMX que encabeza César Piña, presionan al tribunal de conciliación para que niegue la toma de nota que valide los acuerdos de la asamblea extraordinaria.
A finales de julio, el SUTGCDMX deberá publicar la convocatoria a elección de dirigentes en la sección 12 “Servicios Médicos”, una de las cuatro más numerosas que lo integran. En caso de no contar con una dirigencia legalmente válida que lo haga, quedará acéfala, debido a que tampoco podrá instalarse un directorio sindical.
Desde hace más de un año, Benigno Martínez Escalante está en una ilegal, gandalla y antidemocatica campaña en busca de la reelección, con un dispendio económico supuestamente financiado con la venta de unas 300 comisiones sindicales, así como de plazas y dígitos sindicales.
El grupo de Alonso Ortiz, de no normalizarse la dirigencia del SUTGCDMX, estará en riesgo. En octubre concluirá él mismo su gestión en la sección de los barrenderos, y Verónica Moreno en la 23 “Tránsito, Vialidad y Transporte”; y en noviembre Javier Gaytán buscará ser reelecto al frente de la 6 “Bosques, Parques y Jardines”.
El artículo 69 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece sanciones para los servidores públicos que intervengan en la vida interna de los sindicatos. El reconocimiento o no de elecciones o reformas a estatutos por parte tribunal de conciliación parece ser una nueva forma para evadir las 19 causales de responsabilidad administrativa por intromisión.