Fue electo para cuatro años que se cumplen el 21 de agosto; está en campaña adelantada por reelección.
Ex novia lo acusó de violencia intrafamiliar agravada; en mayo dos mujeres lo señalaron de delitos sexuales.
Por Aldo Fuentes
Como si fuese el mayor motivo de orgullo de su vida, Benigno Martínez Escalante presume la toma de nota a una ampliación al frente de la sección 12 “Servicios Médicos” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), otorgada por el tribunal de conciliación y arbitraje y que violenta tratados internacionales firmados por nuestro país, las leyes laborales y los estatutos sindicales.
El dirigente seccional concluye, legalmente, su gestión el 21 de agosto. La ampliación que le fue otorgada, redactada con un lenguaje cantinflesco, no establece la fecha hasta la que se extenderá.
Martínez Escalante fue electo secretario general de la seccional el 22 de agosto de 2022. Los estatutos sindicales, que no han sido reformados, establecen que el periodo de gestión es de cuatro años.
Durante ese tiempo, el dirigente ha realizado una gestion marcada por la frivolidad, la corrupción y por sus esfuerzos para encarcelar a una de sus ex novias, Verónica Molina Molina. A finales de mayo, dos mujeres presentaron denuncias por delitos sexuales -véase la columna Las Fuentes de Aldo del 4 de junio- que habría cometido en su contra.
En diciembre de 2024 estrenó una lujosa camioneta “Santa Fe” de la automotriz Hyundai último modelo, cuyo valor en el mercado era, en ese momento, de un millón 200 mil pesos. Permanentemente lo acompaña una fotógrafa que tiene la misión de postear en redes sociales poses con el puño a la altura del pecho. En el grupo “azul” que integran 15 secretarios generales seccionales del SUTGCDMX, lo apodan “La Diva”.
Una semana sí y otra también, organiza fiestas por cualquier motivo. Es el único trabajo sindical que ha realizado.
La señora Molina Molina fue sentenciada a una pena de prisión por 8 años, 5 meses y 7 días, en la carpeta judicial TE000/0048/2022, como consecuencia de la denuncia de robo de un celular que en su contra presentó María del Carmen Hernández Gutiérrez, secretaria de la habitación en la seccional. Martínez Escalante compareció como testigo de cargo.
Debido a que la sexta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revocó la sentencia, la denunciante interpuso juicio de amparo. Según esto, los gastos de abogados son pagados por el secretario general de la sección 12 “Servicios Médicos”.
De la carpeta de investigación por el robo del teléfono celular se desprendió una acusación de violencia intrafamiliar agravada. La señora Molina Molina ganó un amparo para que a Benigno sea sujeto a juicio por ese delito.
La mayoría de los integrantes de la dirigencia sindical en la seccional no son tomados en cuenta. Solo acompañan a Martínez Escalante a reuniones con autoridades, Anayeli Magaña -es únicamente delegada de trabajo-, Ana Lidia Trujillo y su esposo José Luis –es solo trabajador-, Efraín Atemiz Rosas e Hilario Zavala -funge como su chofer- y eventualmente Salvador Fuertes.
No ganaría en las urnas la reelección, la que parece una obsesión, pese a la adelantadísims precampaña que desde hace varios meses lleva a cabo.
Después que le fue entregada la toma de nota la ampliación a su gestión, la presenta como si hubiese sido un logro personal.
La ampliación en la gestión que ilegalmente autorizó el tribunal de conciliación y arbitraje, fue entregada a otros seis secretarios generales seccionales del sindicato mayoritario del gobierno de la ciudad: Hugo Alonso Ortiz, de “Limpia y Transportes”; Javier Gaytán, de “Bosques, Paraues y Jardines”; y Verónica Moreno Hernández, de “Tránsito, Vialidad y Transporte”, integrantes del grupo “azul”.
También se autorizó mantenerse como dirigentes a Rubén Flores Quintero, de “Conciliación y Arbitraje”; Sofía Hernández Labra, de la “Dirección General de Informática”; y Lilián Porras Carreño, de “Trabajadores Administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública”, que forman parte del grupo “rojo” que encabeza César Piña Rodríguez.
El tribunal amplió la gestión de Aarón Ortega Villa como presidente del SUTGCDMX, la que concluyó el 21 de septiembre del 2025, como puede apreciarse en la toma de nota que hace cuatro años le otorgó.
Ante el temor que las elecciones fueran ganadas por Hugo Alonso Ortiz, el presidente sindical saliente no publicó la convocatoria.
Los estatutos de ese sindicato, ordenan que ante la falta de presidente y comité ejecutivo general, la mayoría calificada de secretarios generales seccionales constituirán un directorio, con facultades para convocar a elecciones.
Las diferencias irreconciliables de los dos grupos mayoritarios -el “rojo” está integrado por 25 secciones, de los que 9 no están totalmente integradas-, impidieron la integración del directorio.
En octubre, Alonso Ortiz fue electo presidente del SUTGCDMX en una asamblea extraordinaria convocada conforme a la Ley Federal del trabajo -aplicará de manera supletoria a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado-. Pese a que tramitó el reconocimiento gubernamental, el tribunal de conciliación y arbitraje lo ignoró, con los que que violentó la legalidad.
En la segunda quincena de mayo, en la Secretaría de Gobernación se anunció lo que pomposamente llamaron “Acuerdo de Competencia”, mediante el cual el tribunal de conciliación y arbitraje legalizó la creación de tres comisiones, una de las cuales firmó la convocatoria a votaciones -como “árbitro” lo hizo uno de sus funcionarios- y autorizó las ampliaciones de gestión de Ortega Villa y de siete secretarios generales seccionales.
Todas esas decisiones, violentan no solo lo que establecen los estatutos, sino también el Convenio 87 de la OIT -firmado y ratificado por nuestro país, por lo que es parte del entramado jurídico nacional- y las leyes laborales del país.
El secretario general de la sección 12 “Servicios Médicos”, exhibe la toma de nota que amplía su gestión por tiempo indeterminado, como si fuese el mayor de sus logros, mientras en la Fiscalía de Justicia de la CDMX se procesan dos denuncias por delitos sexuales en su contra -en los próximos días le daré detalles de la segunda carpeta de investigación, iniciada el 26 de mayo-.
