Norma Liliana Rodríguez, sin logro que justifique reelección en presidencia de SNTISSSTE
El mayor fracaso, no haber logrado modificar condiciones de trabajo, sin revisión desde 2012.
Por Aldo Fuentes
Norma Liliana Rodríguez Argüelles no debe ser reelecta al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE): en cuatro años de gestión no ha logrado una conquista que justifique su permanencia. Por el contrario, solapó el saqueo de casi 300 millones de pesos que la familia García Culebro -¿le suena el apellido?– hizo en la comisión de auxilios, y mantuvo una actitud pusilánime frente a la galopante corrupción en la entrega de casi 5 mil plazas de base.
El único argumento para mantenerse en la presidencia de ese sindicato -el tercero en membresía de la FSTSE-, es la cercanía que mantiene con Martí Batres Guadarrama, quien encabeza a los radicales de Morena. El riesgo de cooptación está a la vista.
¿Cuáles beneficios tuvieron los trabajadores con la reelección de Luis Miguel Victoria Ranfla? Fue en esa gestión en la que el fondo de la comisión de auxilios sufrió una inexplicable baja de casi 150 millones de pesos y no se rindieron cuentas de otros 150 millones de ingresos por inversiones.
Norma Liliana ni siquiera dio a conocer el resultado de la auditoría que al inicio de su gestión ordenó se practicara. Uno de los más entusiastas promotores de la reelección, es Erick Arturo García Salamanca Varela –ex presidente de la comisión de auxilios, en la etapa que su papa, José Francisco García Culebro fue tesorero-, secretario general de la sección VI “Estancias de Bienestar Infantil”.
¿Desconoce el voraz enriquecimiento de Julio Bazán, en la práctica secretario de finanzas, ante la decisión de Roberto Javier Gómez Gómez de rendir la plaza?
No solo Norma Liliana carece de conquistas -las recategorizaciones fueron decisiones de las autoridades-, sino incluso desde 2022 los trabajadores han tenido retrocesos. A los médicos se les obligó a registrar entrada y salida a través de huella digital, y en Sinaloa el SNTISSSTE está a punto de perder la mayoría frente a Oneyda Quintero.
Más grave aún, ni siquiera ha tenido capacidad para generar condiciones que permitan la revisión de las condiciones generales de trabajo. El último en actualizarlas fue José Luis Rodríguez Camacho, en el ya lejano 2012.
La propuesta de un pago de 9 mil pesos a cada trabajador para compra de uniformes, tiene como objetivo endulzarles el oído y generarle simpatías para que voten en favor de la reelección.
Mediante el oficio 035, fechado el 13 de enero, la presidenta del SNTISSSTE argumentó que la propuesta “es una alternativa eficiente que permitiría optimizar recursos etiquetados para uniformes”. ¿En serio lo cree?
Ningún trabajador diría que no le depositaran ese dinero. Por supuesto que no. ¿Cuántos comprarían uniformes de calidad para cumplir con la obligación que les imponen las condiciones laborales?
El mayor riesgo de monetizar esa prestación, es que por efectos de la inflación, termine diluyéndose. El mejor ejemplo lo tienen entre los trabajadores administrativos del Gobierno la Ciudad de México, los que hace años recibían, entre otras prendas, un makinof de tal calidad que prácticamente los compradores se los arrebataban de las manos. En la actualidad les pagan un promedio de cinco mil pesos que a duras penas les permitirían adquirir un par de trajes corrientes.
Es cierto que los uniformes que se entregaron a los trabajadores -incluidos en la gestión de Norma Liliana- fueron de pésima calidad. Eran consecuencia de la galopante corrupción que permitió a varios hacerse multimillonarios, incluidos dirigentes sindicales, funcionarios y empresarios.
Famosa fue la fotografía colocada en un espectacular a unos metros de la FSTSE en 2017, en la que se exhibió a Victoria Ranfla y a Sergio “El pollo” Moreno con billetes de 500 pesos en la mano.
“El pollo” Moreno fue, junto con Luis Molleda (qepd) y otros, uno de los principales proveedores de ropa de trabajo. En la licitación pública nacional electrónica LA-051GYN006-E6-2022 “Adquisición de vestuario y uniformes para personal de base de conformidad a las condiciones generales de trabajo”, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, a dos empresas de Jaime Alejandro Verá, le otorgaron partidas por casi 500 millones de los 752 millones de pesos ofertados.
Vera, fue secretario general de la federación de charros. En 2017 presumía la compra de un avión, lujo que se dio como uno de los proveedores de ropa de trabajo del gobierno de Miguel Mancera en la Ciudad de México.
Las dos empresas que surtieron uniformes a trabajadores del ISSSTE en el primer año de gestión sindical de Norma Liliana Rodríguez Argüelles, fueron Comercializadora Munrro, S.A. de C.V. y Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V.
En 2018, Vera colocó una bandera de apoyo a la candidatura presidencial del PAN de Ricardo Anaya en las instalaciones de su consorcio, ubicado en la calle La Hacienda número 136, en el Fraccionamiento Club de Golf La Hacienda, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.
En la gestión de Pedro Zenteno -actual diputado federal por Morena-, presumía de una cercana relación con la familia del director general del ISSSTE.
Norma Liliana Rodríguez Argüelles debe permitir una elección democrática. Ya ha escuchado voces de secretarios generales seccionales opuestos a su reelección.
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En agosto un grupo de trabajadores iniciaron un juicio de nulidad de la elección de dirigentes sindicales en la sección 38 “Planta de Asfalto” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX).
Plantearon una serie de inconsistencias en la reelección de la secretaria general, María Dolores Ortiz Escobedo. Incluso la toma de protesta no la hizo el entonces presidente sindical, Aarón Ortega Villa.
Esa sección forma parte del “grupo azul” que encabeza Hugo Alonso Ortiz, quien en los próximos días pudiera testificar que también la irregular reelección del ex magistrado Miguel Ángel Reyes Guerrero, en la secretaría general de la sección 21 “Acción Social”, sea impugnada, por irregularidades con un alto grado de posibilidades de ser jurídicamente procedentes.
La más grave es que la convocatoria a elecciones no fue firmada por el entonces presidente por el SUTGCDMX, sino por la vicepresidenta Araceli Juana López Fernández, lo que violentó los estatutos.
Por cierto, este jueves 22 de enero, se cumplen cuatro meses de que formalmente el sindicato mayoritario del gobierno de la Ciudad de México se encuentra acéfalo. Y el domingo 18, se llegó a tres meses de la asamblea extraordinaria en la que Hugo Alonso fue electo presidente, frente a la indiferencia del tribunal de conciliación y de la gestión de Clara Brugada.
