La situación laboral en Financiera para el Bienestar, antes conocida como Telecomm, ha enfrentado diversas tensiones y conflictos en los últimos tiempos. Uno de los puntos críticos ha sido la negativa de la institución a pagar la prima de antigüedad a los trabajadores que buscan jubilarse, un derecho que está claramente estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Además, la administración actual, bajo la dirección de Rocío Mejía , ha sido señalada por su falta de transparencia, la merma de prestaciones laborales y los abusos cometidos contra los empleados, incluyendo despidos injustificados.
La prima de antigüedad es una compensación que reciben los trabajadores que han cumplido más de 15 años de servicio en una empresa o institución. Según el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta prestación debe pagarse a razón de 12 días de salario por cada año trabajado. El monto que se utiliza para calcular esta prima está limitado por lo dispuesto en los artículos 485 y 486 de la LFT, que establecen los salarios máximos aplicables.
Este derecho se otorga tanto a quienes se separan voluntariamente de su trabajo como a aquellos que son despedidos por parte del empleador. En caso de fallecimiento del trabajador, la prima se paga a sus beneficiarios, tal como lo establece el artículo 501 de la LFT. Es una gratificación independiente de cualquier otra prestación que el trabajador tenga derecho a recibir.
Hasta el 15 de abril de 2023, los trabajadores de Financiera para el Bienestar que se retiraban recibían el pago de la prima de antigüedad sin mayores inconvenientes. Sin embargo, a partir del 16 de abril de ese mismo año, la institución dejó de cumplir con esta obligación, obligando a los empleados a demandar para poder recibir su prima al jubilarse. Este cambio ha causado gran malestar entre los trabajadores, quienes ven este procedimiento como un retroceso en sus derechos laborales.
La negativa de pagar la prima de antigüedad se ha basado en el cambio de nombre de la institución, alegando que el nuevo nombre exime a la empresa de cumplir con ciertas obligaciones. Sin embargo, tanto el Sindicato Democrático en Defensa de los Trabajadores de Telecomm como la Fuerza Sindical de los Trabajadores de Financiera para el Bienestar han señalado que la denominación de la empresa no afecta los derechos adquiridos por los trabajadores, y que el derecho a la prima de antigüedad debe seguir vigente, independientemente del nombre de la institución.
Abusos en la administración de Rocío Mejía
Además de los problemas relacionados con la prima de antigüedad, la administración de Rocío Mejía ha sido acusada de implementar políticas que afectan directamente las condiciones laborales y las prestaciones de los empleados. Un claro ejemplo de esto es el caso de una trabajadora de la gerencia estatal de la Ciudad de México, quien fue despedida de manera injustificada. A esta trabajadora se le inventó una queja sin fundamento y, sin seguir el debido proceso (sin acta administrativa ni una investigación formal), fue cesada de su puesto.
Este tipo de despidos arbitrarios han sido recurrentes en la gestión de Mejía, afectando la estabilidad laboral y generando un ambiente de desconfianza entre el personal.
La situación se agrava aún más con la merma en las prestaciones que los empleados solían recibir. Entre los beneficios que han sido reducidos o eliminados están:
– Pagos de productividad, que antes incentivaban el desempeño de los trabajadores y ahora ya no se otorgan a todos ni bajo los mismos criterios.
– Bono de recargo de servicio, una compensación que se daba al final del año y que también ha sido recortada a unos cuantos sin explicaciones claras.
Estas decisiones no solo afectan el ingreso económico de los empleados, sino que también reflejan un deterioro en la relación entre la administración y la base trabajadora.
Por otro lado, las condiciones laborales en las sucursales de Financiera para el Bienestar son descritas como deplorables y riesgosas. A pesar de manejar grandes cantidades de dinero, las instalaciones no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, exponiendo al personal a situaciones peligrosas. Esta situación, sumada a la falta de apoyo de la administración, genera un ambiente de trabajo precario y desalentador.
Tanto la lucha por el pago de la prima de antigüedad como los abusos laborales cometidos en Financiera para el Bienestar reflejan una crisis en la representación y protección de los derechos de los trabajadores. Es esencial que tanto los empleados como los sindicatos se mantengan informados y actúen en defensa de las prestaciones adquiridas a lo largo de los años.
Las acciones del sindicato mayoritario y de la administración de Rocío Mejía han sido criticadas por su falta de compromiso y transparencia.
La Fuerza Sindical de los Trabajadores de Financiera para el Bienestar ha emitido un comunicado urgente sobre las irregularidades durante la Evaluación del Desempeño 2024, señalando que el sindicato mayoritario, encabezado por Eutimio Álvarez Ramos, abandonó las reuniones claves en varios estados, comprometiendo la entrega de estímulos laborales a los trabajadores. Esta acción antidemocrática y falta de compromiso por parte de Eutimio Álvarez ha generado un profundo malestar entre la base trabajadora, que ve cómo sus derechos y beneficios, como los 10 días de estímulo por desempeño, están siendo socavados.
A esta situación se suman otras problemáticas dentro de la institución, como la merma de prestaciones laborales y las deplorables condiciones en las sucursales, que han empeorado bajo la gestión de Rocío Mejía. Los trabajadores se enfrentan a un panorama de incertidumbre, donde el abandono de responsabilidades por parte del sindicato mayoritario liderado por Eutimio Álvarez y la administración central ponen en riesgo no solo sus estímulos, sino también su bienestar laboral general.
Ante este panorama, la Fuerza Sindical de los Trabajadores de Financiera para el Bienestar, hace un llamado a la reflexión y a la movilización de los trabajadores para asegurar una representación sindical que realmente proteja sus derechos y garantice condiciones laborales justas y dignas