Se entromete en vida interna de uno de los sindicatos más numerosos; FSTSE, cómplice.
”Tutela jurídica efectiva”, figura legalmente inexistente y violatoria del estado de derecho.
Por Aldo Fuentes
Pese a que los estatutos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), prohíbe ampliaciones o prórrogas en la gestión de sus dirigentes, el tribunal de conciliación y arbitraje con la autorización a que en siete secciones los secretarios generales y los integrantes de sus comités, permanezcan más de los cuatro años para los que fueron electos, violó tratados internacionales y las leyes laborales del país.
Previamente el tribunal legalizó la ampliación de la gestión de Aarón Ortega Villa como presidente de ese sindicato, aún cuando su gestión concluyó el 21 de septiembre de 2025, además de legalizar comisiones no previstas estatutariamente. A todos les entregó toma de nota.
La ilegal intromisión del tribunal en la vida interna de ese sindicato, incluyó la publicación de la convocatoria a elecciones -las cuales se realizarán el 27 de noviembre-, firmada por uno de sus funcionarios como “árbitro”. Tiró el estado de derecho a la letrina.
Con la presencia de Marco Antonio García Ayala, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el magistrado presidente del tribunal, Cristóbal Arias Solís, entregó, el martes 9 de junio, las ampliaciones de gestión a los secretarios generales de las secciones 1 “Limpia y Transportes”, Hugo Alonso Ortiz; 6 “Bosques, Parques y Jardines”, Javier Gaytán González; 12 “Servicios Médicos”, Benigno Martínez Escalante; y 23 “Tránsito, Vialidad y Transporte”, Verónica Moreno Hernández.
Esas cuatro seccionales forman parte del grupo “azul”, junto con otras 11, que encabeza Alonso.
También recibieron la ampliación de gestión los dirigentes de las secciones 24 “Conciliación y Arbitraje”, Rubén Flores Quintero; 39 “Dirección General de Informática”, Sofía Hernández Labrada; y 40 “Trabajadores Administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública”, Lilián Porras Carreño.
Esas tres secciones, forman parte del grupo “rojo”, al igual que otras 13 y que encabeza César Piña Rodríguez –un tercer grupo está integrado por las nueve restantes-.
El artículo 45 de los estatutos del SUTGCDMX ordena que el candidato a la presidencia “durará cuatro años en su ejercicio por única ocasión, sin posibilidad a reelección o ampliación de su mandato”.
Ese dispositivo prohíbe también que quien haya ocupado la presidencia no podrá registrarse para ocupar esa misma posición.
El artículo 161 de los estatutario, establece: “El gobierno de cada sección estará a cargo de un Comité Ejecutivo Seccional que durará en sus funciones cuatro años y que no podrá ser removido total o parcialmente, sino de acuerdo con lo establecido por estos Estatutos, será electo mediante el voto personal, libre, directo y secreto de la base trabajadora“.
A su vez el artículo 161 Bis ordena: “La elección del Comité Ejecutivo Seccional será mediante el voto personal, libre, directo y secreto de la base trabajadora de la sección de que se trate y mediante convocatoria, que para ese efecto emita el Comité Ejecutivo General; tendrá que registrarse como planilla, como lo señala el artículo 173 fracción III de este Estatuto; este derecho se considera exclusivamente por un periodo más para los Secretarios que integran la Planilla y que su mandato sea vigente al momento de la aprobación de estos Estatutos”.
El tribunal de conciliación y arbitraje, en la justificación para violar el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT), las leyes laborales y los estatutos sindicales que está obligado a respetar conforme al estado de derecho, señaló que la “ampliación y participación” de las gestiones en las siete secciones sindicales, fue solicitado por Ortega Villa. Exhibió la complicidad en el cochinero que incluye a Alonso Ortiz y Piña Rodríguez.
Entre los argumentos esgrimidos y que no tienen sustento en ninguna disposición legal, puntualizó que en acuerdo del pleno de magistrados del 18 de marzo, asumió “tutela jurídica efectiva” de “actos relacionados con el procedimiento sindical y electoral” en el sindicato mayoritario del Gobierno de la Ciudad de México.
El Convenio 87 de la OIT prohíbe a dependencias de gobierno -el tribunal de conciliación y arbitraje depende administrativamente de la Secretaría de Gobernación- la intromisión en la vida interna de los sindicatos.
Los convenios internacionales firmados por el gobierno y ratificados por el Senado de la República, son de aplicación obligatoria en el país. El Convenio 87 de la OIT, es vigente en nuestro país desde 1948 y fue base para que el 11 de mayo de 1999 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que obligaba a que hubiese solo un sindicato en cada dependencia.
Tampoco las leyes federales del trabajo y de trabajadores al servicio del estado, autorizan al tribunal a intervenir en la vida interna de los sindicatos. La “tutela jurídica efectiva” que asumió del SUTGCDMX viola el estado de derecho.
Eso sí, planteó que el acuerdo en el que asumió competencia “para el conocimiento, verificación, acompañamiento institucional y tutela jurídica efectiva respecto de los actos relacionados con el procedimiento sindical y electoral”, privilegió “en todo momento los principios de legalidad, certeza, transparencia, institucionalidad, gobernabilidad sindical, democracia sindical, autonomía colectiva y seguridad jurídica”. Un cinismo que exhibe la pobreza del estado de derecho.
En ese sentido, estimó que la ampliación de las gestiones en las secciones sindicales “constituye una medida razonable, proporcional y jurídicamente viable”.
“Esta Autoridad Federal advierte que dicha petición se encuentra encaminada a fortalecer las condiciones de coordinación, organización y adecuada continuidad de los trabajos inherentes al proceso sindical correspondiente”, señala el acuerdo del pleno de magistrados del tribunal, en la justificación para autorizar la ampliación de gestiones en las seccionales, aún cuando violenta el estatuto sindical.
El tribunal de conciliación y arbitraje ha incurrido en una serie de violaciones legales al intervenir en el SUTGCDMX, incluida la legalización de comisiones no previstas en los estatutos, con el pretexto de conducir la elección de presidente y comité ejecutivo general.
La convocatoria a elecciones, firmó como árbitro Irving Alexis González Martínez -secretario de acuerdos del tribunal-, una figura que no está contemplada por los estatutos y que implica una intromisión en la vida interna de ese sindicato.
Tampoco debió autorizar la ampliación de la gestión de Ortega Villa como presidente del SUTGCDMX, ni la de los secretarios generales seccionales.
Todas esas resoluciones están viciadas de nulidad, es decir son impugnables. La vía no es, como pretende hacerlo el ex presidente sindical, Juan Ayala Rivero, a través de un juicio de amparo, el cual deberá ser desechado por improcedente.
El SUTGCDMX está convertido en un sindicato agachado, sin que los trabajadores tengan dirigentes interesados en mejorar sus condiciones laborales. Prevalece el interés económico de unos cuantos.
Así se entiende que el gobierno de Clara Brugada hubiese autorizado, por segundo año consecutivo, un miserable aumento de 3.5 por ciento directo al salario, más 5 puntos en prestaciones económicas para sus trabajadores de base, sin tomar ni siquiera en cuenta la opinión de los dirigentes del SUTGCDMX, que tampoco fueron capaces de protestar pese a que el crecimiento de la inflación a mitad de año ya lo anuló.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México -encabezados por el doctor Diego Valdez Medina- recibieron un aumento del 10 por ciento al salario, más 5 puntos en prestaciones económicas.
El cochinero jurídico en el SUTGCDMX es una muestra más de la ineficacia del gobierno de Clara Brugada.
El tribunal de conciliación autorizó la ampliación de la gestión de Benigno Martínez Escalante al frente de la sección 12 “Servicios Médicos”, pese a enfrentar dos denuncias por acoso sexual -véanse estas Fuentes del 4 de junio- y una más de violencia intrafamiliar agravada de su ex novia Verónica Molina Molina.
