La Ley Federal del Trabajo le obliga a resolver en menos de un mes; tarda cinco por burocracia
Nombramientos de Juan Gerardo López Hernández en ISSSTE, en entredicho: muy cercanos y sin preparación
Por Aldo Fuentes
El artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo establece el tiempo en el que la autoridad debe entregar el registro de los sindicatos y, en caso de no hacerlo «se tendrá por hecho para todos los efectos legales» y deberá expedir la constancia respectiva.
Ese dispositivo se aplica de manera supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA) está obligado a acatarlo.
Resulta que desde el 19 de agosto de 2024, el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Gobierno de la Ciudad de México, Rubén Tovar Valencia, promovió ante el tribunal de reconociera la elección de la dirigencia para el periodo 2024-2030 y exhibió las actas correspondientes.
Transcurrido el plazo de veinte días naturales previstos por la LFT de aplicación supletoria para que se le diera una respuesta, le hizo el requerimiento, también en términos legales para que en el término de los tres días siguientes lo hiciera.
En caso de que no se emitiera una resolución, «se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva».
Pese a la violación de ese precepto jurídico que tiene la obligación de acatar, el pleno del TFCyA -integrado por su presidente, José Luis Rodríguez Díaz de León y por 24 magistrados presidentes de salas, representantes del gobierno federal y de los trabajadores- acordó, el 8 de enero de este año, negar la toma de nota, bajo el argumento que no cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 69 de la ley burocrática.
El tribunal, al haber incumplido su obligación de emitir una resolución en el término que le obliga la ley, debió entregar el reconocimiento a la dirigencia del SITSSCyGCDMX.
Incluso, en un exceso de ilegalidad de los magistrados, en el segundo resolutivo, le negaron a Tovar Valencia copias certificadas del acuerdo, con el pretexto de no acreditar personalidad para promover en el expediente R.S 4/06, formado con motivo del registro de ese sindicato.
En el tercero y cuarto puntos del acuerdo notificado el 20 de enero a través de estrados del tribunal de conciliación, se le hizo saber que el nuevo magistrado presidente es el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León y la secretaria general de acuerdos, Paulina Márquez Gutiérrez.
El presidente del tribunal fue, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, secretario de trabajo y fomento al empleo.
Al haber incurrido el TFCyA en violaciones al procedimiento legal de registro, el asunto se resolverá por la vía del amparo. El apoderado de ese sindicato, es el abogado Alejandro Velázquez Méndez.
El SITSSCyGCDMX, obtuvo el reconocimiento oficial en 2006 luego de una larga lucha por la vía jurídica y que incluso implicó que durante meses su secretario general, Ruben Tovar Valencia e integrantes de la dirigencia, sobrevivieran sin ingresos al haber dados de baja ilegalmente.
Es el único sindicato independiente que agremia a la mayoría de los trabajadores administrativos en una dependencia del gobierno de la CDMX, como es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aún cuando tiene también afiliados en otras áreas.
El Sindicato Único de Trabajadores del GCDMX, cuenta en esa secretaría con dos secciones, 28 y 40, las que en conjunto no cuentan con el número de trabajadores que tiene el que dirige Tovar Valencia.
El ilegal acuerdo del pleno del TFCyA fue firmado por todos los magistrados, incluidos los cuatro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Miguel Ángel Guerrero Reyes, José Roberto Córdova Becerril, José Juan Renato Estrada Zamora y Bertha Orozco Márquez.
También lo firmaron los cuatro magistrado designados por la Federación Democrática de Servidores Públicos (FEDESSP), Julio Peralta Esteva, Pedro José Escárcega Delgado, José Manuel Pozos Valdivia y Ángel Humberto Félix Estrada.
Suena a absurdo que el magistrado Miguel Ángel Reyes Estrada sea secretario general de la sección 21 Acción Social del SUTGCDMX -afiliado, como el SITSSCyGCDMX, a la FSTSE– por cierto sin reconocimiento gubernamental desde 2021; Pedro José Escárcega Delgado, dirigente del sindicato de agricultura; en tanto José Juan Renato Estrada Zamora tiene su base en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).
Gotas de Tormenta
+En la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, su titular, Juan Gerardo López Hernández no tuvo empacho en despacharse con la cuchara grande en los nombramientos, incluida una mujer como subdirectora de servicios sociales y culturales, Araceli Romero Monroy, quien aprovechándose del exceso de confianza que la cercanía la da, designó a una amiga como jefa de enseñanza deportiva, Noemí Nol Moreno, que no sólo desconoce todo de deporte, sino además ni siquiera es profesionista.
+ Quien, por cierto, debe tener cuidado con el encantamiento que le hace Juan Pablo Trejo Parada, jefe de servicios de atención integral a jubilados y pensionados, (Saijud), es el nuevo subdirector de pensiones, Victorio Rubén Montalvo Rojas, quien de acuerdo con denuncias de operadores de pensiones en la UAPE’s, comandaba una red que falsificó documentos que les permitió mantener un ritmo de vida de millonarios. ¿O ya no son tan honestos como pregonaban?