POR EL ARDID
Chetumal, Q. Roo. – María Inés Pacheco Briceño, trabajadora con 27 años de servicio en la institución, denunció públicamente hostigamiento, humillaciones y discriminación en su centro de trabajo, presuntamente ejercidos por el supervisor Raúl Salazar y el coordinador operativo Reimel Saturnino Medina.
De acuerdo con la afectada, desde su nombramiento en marzo como jefa de Recursos Humanos ha enfrentado burlas por su apariencia física y vestimenta, así como intentos de relegarla a un puesto con mayor carga de trabajo pero menor reconocimiento.
> “Lo único que pido es trabajar en paz, sin hostigamientos y malos tratos, para concluir mis últimos tres años de servicio y retirarme por jubilación”, declaró.
La trabajadora también acusó a los directivos de presuntamente usar instalaciones públicas para fines ajenos a sus funciones, lo que, dijo, explicaría el interés en apartarla de su cargo.
Aunque presentó quejas internas y denuncias ante la Secretaría del Trabajo, aseguró que la situación no ha cambiado y ahora pide la intervención directa de la gobernadora Mara Lezama.
https://youtu.be/p6gT9jlPnYY?si=i9C_v8RKl5e-Tx5e
Un problema que trasciende Chetumal
La situación denunciada por Pacheco Briceño no es un hecho aislado. En Tlaxcala, trabajadores de la Financiera para el Bienestar también han señalado abusos y despidos injustificados por parte del actual gerente estatal, Óscar Robles Avilés.
Según un documento fechado el 21 de agosto de 2025, desde su llegada en 2023 Robles Avilés ha incurrido en nepotismo y favoritismo político, utilizando despidos como herramienta de control. Se acusa que mantiene una “lista negra” de trabajadores incómodos, a quienes remueve para colocar en sus puestos a familiares, amigos o compromisos políticos.
Entre los casos documentados está el despido de Manuela González Pérez, ex jefa de oficina en Calpulalpan, sustituida por una persona cercana a intereses locales. También fueron removidos sin justificación Jorge Pérez May, Héctor Gallegos Solís y María de la Luz Lozano Taboada, todos con años de experiencia y trayectoria en la institución.
Los denunciantes afirman que estos movimientos se realizan al margen de los procesos escalafonarios, que deberían regirse por méritos, evaluaciones y antigüedad. Al contrario, se privilegia el favoritismo y acomodo personal, lo que ha generado malestar y temor entre la base trabajadora.
Prácticas repetidas en varias entidades
Casos similares también se han reportado en Guanajuato, donde trabajadoras fueron obligadas a aceptar cambios de adscripción a lugares lejanos de sus domicilios, sin apoyo económico para cubrir traslados, y bajo la amenaza de perder su empleo en caso de negarse.
De esta forma, las denuncias en Quintana Roo, Tlaxcala y Guanajuato muestran un patrón de abuso de poder, hostigamiento laboral y violaciones a derechos laborales que se repite en distintas oficinas de la Financiera para el Bienestar en el país.
Los trabajadores han hecho un llamado a las autoridades federales y estatales, incluida la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para que se frene lo que califican como una política de represión laboral y corrupción institucional.
Finalmente, advirtieron que de no recibir respuesta estarán dispuestos a manifestarse públicamente y acudir a instancias como la Secretaría del Trabajo y la Función Pública, con el fin de exigir justicia y un alto al acoso dentro de esta dependencia federal.