*Se entrometen en vida sindical, lo que tienen prohibido; la jefa de gobierno llama a respetar legalidad.
*Juan Gerardo López Hernández, decidido a reencauzar Dirección de Prestaciones Económicas del ISSSTE
El Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, Juan Gerardo López Hernández, está decidido a rectificar la forma en que deben manejarse los recursos públicos asignados a su área, por un lado, y de implementar medidas en beneficio de los derechohabientes y que combaten actos de corrupción.
La salida de Janely Matzayani Cruz García de la dirección recursos humanos, abrió la oportunidad para recuperar lo que era un caótico manejo de bolsa de trabajo y de plazas. El proceso no ha sido sencillo, como ejemplo, José Marcelino Jerónimo Ramírez (a quien Matzayani había colocado en una jefatura departamental en la Subdirección de Capacitación), no sólo se negó a firmar su salida, sino además ha presentado ciertos documentos para intentar justificar sus ausencias en el área de otorgamiento de crédito.
Su reemplazo cuenta con instrucciones precisas para trabajar en beneficio de los derechohabientes del Instituto, situación olvidada durante su gestión. Jerónimo Ramírez es uno de los casos en donde Matzayani manejó en la pasada administración arbitrariamente la bolsa de trabajo de la dirección, a fin de privilegiar el ingreso de parientes, amigos y compromisos, muchos del Estado de Hidalgo de donde son originarios.
Se dice que el ex jefe de departamento presentó documentos para intentar justificar ausencias laborales a través de la Dirección General del ISSSTE, con el argumento que el Coordinador Administrativo de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Daniel González Núñez, no los recibió, de ser cierto, finalmente una muestra de trabajo oportuno, responsable y comprometido, al detectar y evitar un posible intento de engaño mediante la presentación de documentos dudosos destinados a justificar faltas en áreas de trabajo que, de corroborarse, implicaría la comisión de delitos federales.
No cabe duda de que la experiencia, vigilancia, ética profesional y dedicación del responsable de esta área administrativa, contribuyen a mantener la transparencia y el correcto funcionamiento administrativo dentro de la institución.
Destacar que al Director, Juan Gerardo López Hernández, que con el equipo de trabajo, su apoyo y respaldo durante los procesos administrativos, fortalece los principios de integridad y confianza que rigen el desempeño del Instituto.
La labor conjunta refleja el compromiso con la honestidad, la eficiencia y la rendición de cuentas, valores esenciales para el buen funcionamiento de la dependencia.
También, el Director López Hernández ha visualizado la necesidad de crear Unidades de Prestaciones Económicas en lugares de difícil acceso en el país, las cuales, entre los diversos servicios, incluyan pequeños consultorios médicos, con el objetivo fundamental de evitarles viajes excesivamente largos a adultos mayores.
El proyecto para la creación de esas unidades se encuentra ya muy avanzado. Una meta importante para concretarlo durante el próximo año, con la aprobación del Director General del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.
Un tercero aspecto en que el Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales ha sido particularmente enfático, es en vigilar de manera rigurosa los recursos económicos del Instituto, con la convicción de que, al provenir del presupuesto público, es dinero del pueblo y deben ser ejercidos con la mayor pulcritud.
*****
La intromisión del Gobierno de Clara Brugada en la vida interna de Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), no solo viola el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino además se exhibe como antidemocrático al no respetar la voluntad mayoritaria de los trabajadores.
Ese convenio -firmado por el gobierno mexicano y ratificado por el Senado de la República- establece en el artículo 2 que los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos y de afiliarse «con la sola condición de observar los estatutos».
En el artículo 3 punto 1, señala que los trabajadores tienen el derecho de «elegir libremente » a sus dirigentes; y en el punto 2 prescribe: «Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal».
Según el secretario de gobierno de la ciudad, César Cravioto, con la central FSTSE analizan instalar un directorio sindical al haber concluido la gestión de Aarón Ortega Villa,
A confesión de parte, establece un principio de derecho, relevo de prueba. ¿Con qué fundamento legal intervienen en la vida interna sindical?¿Desconocen que la Ley Federal del Trabajo en el artículo 133 fracción V establece la autonomía sindical?
Luego se quejan que se les señale de autoritarios y dictatoriales.
El sábado 18 de octubre, convocada por 15 secretarios generales seccionales del SUTGCDMX que en conjunto agremian a la mayoría de los trabajadores, realizaron una asamblea extraordinaria, en ejercicio del derecho que les garantiza el artículo 371 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, en la que participaron más de dos terceras partes de afiliados -registraron su asistencia 67 mil 100 de un total de 95 mil-.
En esa asamblea -la cual no fue rebatida por el tribunal de conciliación- fue electo presidente sindical con 63 mil 870 votos, Hugo Alfredo Alonso Ortiz, quien se dispone a tramitar la toma de nota ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
El hecho que en ese sindicato el dirigente saliente, Aarón Ortega Villa, no haya convocado a elecciones, no le autoriza al gobierno de la ciudad a imponer un dirigente, toda vez que la ley laboral contempla el procedimiento que los trabajadores deben seguir y a, que se ajustaron los trabajadores para convocar a asamblea extraordinaria. ¿Qué puede esperarse de una gobernante que pese a haber perdido la elección interna en su partido por casi 14 puntos de diferencia ante Omar García Harfuch, fue impuesta como candidata?
Según Cravioto, la asamblea electoral del sábado 18, «no tiene validez legal». Al gobierno de la ciudad no le compete decir qué o no legal en materia laboral. Esa es una facultad del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que depende del gobierno federal, y en última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso que el asunto se dirima por la vía del amparo.
La validez legal la da el tribunal o una convocatoria que se hubiera sido publicada en en tiempo por Ortega Villa, agregó en un discurso cantinflesco. Exhibe que desconoce el marco jurídico laboral. Aun así, ¿cuál es el interés del gobierno de Clara Brugada de conducir la vida sindical?
Ahora, dijo Cravioto, «vamos a buscar que se retomen las negociaciones con los dos grupos y que la FSTSE nos ayude con la formación de este directorio». Deja ver con claridad que para ellos el sindicato ces una más de las dependencias gubernamentales y tratan a los trabajadores como menores de edad. ¿En que parte se establece que la federación sindical puede integrar un directorio sindical? Ojalá lean los estatutos del SUTGCDMX que los trabajadores decidieron abrogar en esa asamblea.
La jefa de gobierno hizo un llamado a la legalidad. ¿Por qué no empieza por respetar la ley, incluido el Convenio 87 de la OIT? Los trabajadores ya decidieron con su voto democrático, esto es personal, libre secreto y directo, como lo ordena el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en una reforma impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Eso no es legalidad?
La decisión de desconocer el triunfo de Alonso Ortiz -es la segunda ocasión que gobiernos morenistas lo hacen a un lado pese a que tanto les ayudó en mítines en las elecciones federales de 2024-. Parece cobro de facturas por su apoyo a la precandidatura de García Harfuch a jefe de gobierno de la ciudad.
*****
El lunes 20 de octubre, se festejó el día internacional de los controladores aéreos. En nuestro país, fueron fundamentales para que, en 1999 la Suprema Corte de Justicia de la Nación introdujera la libertad sindical entre los burócratas, con una jurisprudencia histórica. Fueron ellos los primeros en lograr el registro de un sindicato en contra de lo que establecía el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la fundamental asesoría del licenciado Alejandro Velázquez Méndez.
