El lácteo era distribuido por diputados a la Asamblea Legislativa encabezados por Martí Batres
A principios de 1999 la SSA determinó que el producto no era leche, pero contenía bacterias coliformes
Por Aldo Fuentes
Una genialidad caricaturizada de Martí Batres Guadarrama, quien a partir del 1 de octubre será director general el ISSSTE, dibujada por Calderón en el periódico Reforma -véase la edición del jueves 22 de agosto-, obliga a cuestionar cuál es el futuro de esa institución que con poco más de 100 mil trabajadores atiende a unos 13 millones de derechohabientes, lastrada por una incesante corrupción que se agudizó los últimos años.
Entre los derechohabientes del ISSSTE, están maestros y trabajadores administrativos de la UNAM y sus familiares, así como un millón 200 mil maestros.
Batres Guadarrama, jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México, se ubicó, en febrero de 1999 en el escándalo, cuando el periódico La Crónica de Hoy puso al descubierto que la llamada leche Betty del «Nuevo programa de abasto de leche popular» que desde hacía seis meses distribuía en por lo menos cinco delegaciones, de acuerdo con la Secretaria de Salud del gobierno federal, en realidad era un líquido que no era leche, sino algo con pocas grasas, pocas proteínas, poco calcio y muchas bacterias coliformes -propias de las heces fecales-.
El programa era financiado por diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -lo que hoy es el Congreso de la CDMX del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezados por Batres Guadarrama, quien presidía la comisión de gobierno, Miguel Bortolini -después sería jefe delegacional en Coyoacán-, Antonio Padierna Luna -hermano de la diputada electa de Morena, Dolores, y cuñado de Rene Bejarano, el famoso «señor de las ligas»- y Francisco Chiguil -actual alcalde en Gustavo A. Madero y suplente del senador electo Omar García Harfuch, quien será secretario de seguridad ciudadana en el gobierna de la doctora Sheinbaum-, entre otros.
La Procuraduría Federal del Consumidor recomendó no consumir el producto que los diputados perredistas distribuían.
Se estima que cada semana el programa distribuía unos 120 mil litros de la supuesta leche en zonas populares. Los beneficiarios -de alguna manera hay que llamarlos- recibían cinco litros cada tercer día, a un precio de 2,50 pesos cada uno.
Los compradores del producto debían presentar credencial de elector y apuntarse en una Unión de Abasto Popular vinculada al PRD de ese entonces, en evidente campaña clientelar.
En un intento por evadir responsabilidades, Batres Guadarrama dijo que el escándalo de la leche Betty era una campaña de desprestigio impulsada por el salinismo. Fueron conocidos como los «diputados lecheros».
Pese a la gravedad de los hechos, nunca se procedió ni penal ni administrativamente contra nadie. Sólo quedó el estigma que en nada ha afectado las carreras políticas de los promotores.
Batres Guadarrama inició su carrera política como integrante del Consejo Estudiantil Universitario (1986-1987) opositor a la reforma impulsada por el entonces rector Jorge Carpizo. Fue presidente de Morena.
Sustituirá en la dirección general del ISSSTE a Bertha María Alcalde Luján. Ambos provienen de familias ligada a los movimientos sociales: la mamá de ella, Bertha Luján, fue vocera de lo que fue el Frente Auténtico de, Trabajo (FAT) y luego contralora con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno de la ciudad; su hermana Luisa María es secretaria de Gobernación y será presidenta de Morena. Los padres de él, Cuauhtémoc Batres y Rosario Guadarrama, maestros normalistas seguidores de maestros normalistas; su hermana Lenia es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hace unos meses, el apellido Batres estuvo nuevamente en el escándalo, cuando se conoció que el papá del hijo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, Ulises Lara -encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX– había estudiado la carrera y obtenido la cédula profesional de licenciado en derecho en sólo unas horas.
El encargado de la fiscalía en lo que pudiera implicar la comisión de diversos delitos, rescató, hace unos días, al ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral -senador electo de Morena-, cuando la fiscalía anticorrupción estatal se disponía a detenerlo para que respondiera de acusaciones de desviar 98.6 millones de pesos del presupuesto público. Hasta ahora no hay acciones penales por esos hechos.
El ISSSTE enfrenta una galopante corrupción en prácticamente todas las áreas, la que se agudizó durante la gestión el diputado federal electo morenista, Pedro Zenteno y la directora de administración y finanzas, Almendra Ortiz Génis.
En los últimos días hemos dado a conocer detalles de la corrupción que impera en las áreas de pensiones y en las unidades administrativas de prestaciones económicas (UAPE’s). Pese a las pruebas que hemos ofrecido, ni se han emprendido acciones ni administrativas ni penales en contra de nadie, pese a que, entre otras cosas, implica daño al patrimonio del instituto.
Eso sí, el subdelegado de prestaciones de la representación regional norte en la CDMX, Fernando López Campos, mantiene una política de terrorismo laboral en contra de trabajadores de base, mientras protege arbitrariedades e irregularidades de sus cercanos.
Incluso, a través de un oficio, prohibió que las trabajadoras mamás no puedan llevar a sus hijos a las instalaciones, debido a que, argumentó, las condiciones laborales vigentes en el instituto prohíben que las acompañen personas extrañas al instituto a las oficinas.
En contraste, la jefa del departamento de acción social, cultural y deportiva de la representación regional oriente del ISSSTE en la CDMX, Claudia Cecilia Ruiz Sánchez no sólo recoge de la estancia de bienestar infantil número 83 a la hija de la subdelegada de prestaciones, Candy Arely Serafín Garibo, sino además actúa como auténtica pilmama.
La jefa departamental deja pendiente el trabajo que deba realizar, para ir con un rebozo por la niña de su jefa la subdelegada. Es una especie de nodriza comedida para mantenerse en el puesto.
Según trabajadores, en estos días de vacaciones, es frecuente ver a la señorita Ruiz Sánchez entreteniendo a la otra hija más grandecita en los pasillos de la sede regional delegacional. La niña, dicen, los amenaza con acusarlos con la subdelegada de prestaciones para que los corra, de no acceder a sus caprichos.
Es posible que en mayo de 2026, cuando en el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), se convoque a elecciones para definir quién sustituirá a Norma Liliana Rodríguez Argüelles en la presidencia, Batres Guadarrama ocupe aún la dirección general del instituto.
Cuando el aún jefe de gobierno de la CDMX ocupó la presidencia de la comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa, intervino en la elección de los dirigentes del sindicato mayoritario.
Los precandidatos a encabezar el SNTISSSTE son Lucía Dolores García Rojas, Claudia Medina Miranda, Roberto Javier Gómez Gómez y Mario Armando OrdazSantos -en una adelantada campaña desde hace meses-. ¿Logrará, alguno de ellos, el apoyo del director general o tendrán que aceptar el surgimiento de un tercero en discordia? Es pregunta.