Estela de corrupción, herencia de Itzel Moreno; dan a maestros aumento en salario tres veces más que en CDMX

El nuevo subdelegado de administración en zona norte del ISSSTE en la ciudad, ¿auditará gestión anterior?

Grupo de Alonso Ortiz agradece a jefa de gobierno medidas laborales; ¿queda bien por candidatura al SUTGCDMX?

El jueves 15 de mayo fue el último día de Itzel Moreno Palacios como subdelegada de administración de la zona regional norte del ISSSTE en la Ciudad de México. Después de una desastrosa gestión marcada por la ineptitud y la corrupción, lo menos que pudiera esperarse es una auditoría que permitiera deslindar responsabilidades contra quienes fueron beneficiarios.

Para ocupar esa posición, el director de administración y finanzas, Omar Fosado Butrón, propuso a Marco Antonio Pacheco González, quien debería estar obligado a despejar las sospechas de una galopante corrupción en los últimos tres años. Pudiera, por ejemplo, realizar una revisión de los contratos entregados a la firma Construcciones y Arquitecturas PALAMEX, S.A. de C.V.

Esa empresa fue la encargada, mediante un pago por 805 mil pesos -IVA incluido-, del servicio de mudanza de las oficinas delegacionales en enero de 2023. El contrato RRNSA/DOSG/AA/0004/2023, fue signado por la ahora ex subdelegada de administración, el aún jefe del departamento de obras y servicios generales, Sergio Jaramillo Salgado y Eduardo Palafox Martínez -apoderado legal de la empresa-.

Otro contrato con Construcciones y Arquitecturas PALAMEX, S.A. de C.V., por 8.7 millones de pesos -IVA incluido- para trabajos de mantenimiento y conservación en clínicas de la zona norte del ISSSTE en la CDMX, fue el ORZNSA/DOSG/LO0011/2023. Fue firmado por los mismos tres personajes y la aún subdelegada médica María Luisa Mayerstein Ruiz.

Y aquí salta lo interesante: resulta que la señora Moreno Palacios y los señores Jaramillo Salgado y Palafox Martínez coincidieron en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera. El jefe del departamento de obras y servicios generales delegacional, había sido ratificado unas semanas atrás.

La gestión de Martí Batres Guadarrama al frente del ISSSTE parece no tener entre sus objetivos el combate a la corrupción, por sus propias manchas que no pueden limpiar. Y no, no sólo se trata de la famosísima «leche Betty» contaminada con heces fecales repartida entre los más pobres cuando era diputado del PRD en la Asamblea Legislativa de la capital del país en 1998.

Butrón Fosado fue descubierto en la mentira en 2018, cuando Batres Guadarrama, presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Senadores, lo impulsó como subcontralor de evaluación de la gestión administrativa, encargado de combatir actos de corrupción. Aseguró contar con título de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública y ser pasante en la maestría en políticas públicas. Mintió.

En lugar de procurar la solución a fondo de los severos problemas que enfrenta ese instituto, implementan medidas burocráticas, como la número 5 de «Las 10 acciones del trato del ganó en el ISSSTE»: «Designación de personal para recibir a la derechohabiencia al ingreso de las unidades médicas». ¿Por qué no incluir un cafecito y hasta un pastelito de bienvenida?

¿No será más importante para el doctor Batres -su título es en estudios latinoamericanos, para que aclaremos paradas- y su equipo, la búsqueda de soluciones a la saturación en servicios como urgencias, la insuficiencia de equipo y de medicamentos, entre muchos otros? Las propuestas de recibimiento en las unidades médicas suena a demagogia.

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Los secretarios generales de 14 secciones que dirige Hugo Alonso Ortiz, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), agradecieron en redes sociales el anuncio de Clara Brugada de cinco acciones en materia laboral para el pago de una deuda histórica con sus trabajadores. 

Las medidas incluyen la basificación de poco más de 14 mil trabajadores de Nómina 8; la entrega de 4 mil 218 dígitos sindicales, plazas por defunción, renivelación por jubilación y plaza por plaza. Todas forman parte de compromisos que la jefa de gobierno hizo durante su campaña electoral, lo que habla bien de su intención de cumplir su palabra.

El problema está en los detalles: la basificación en Nómina 8 beneficia hasta a trabajadores que cumplan cuatro años de contratados. En la última parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, en 2018, a esos empleados se les entregaron contratos anuales, en un programa pomposamente llamado de «estabilidad laboral», a fin de evitar que cada seis meses enfrentarán sujetos e inestabildad.

Al ser trabajadores bajo contrato, no son beneficiarios del derecho a la inamovildad laboral prevista por la «neoliberal» ley burocrática, la cual establece que a los seis meses un día sin nota desfavorable en el expediente se accede a una plaza de base. En gobiernos de izquierda, como se dicen los que desde 1997 ejercen el poder en la CDMX, esa aberración no debiera existir.

Los dígitos sindicales implican el acceso a prestaciones económicas como trabajadores de base. Otra violación a la ley en materia laboral que ni Andrés Manuel Lopez Obrador ni Claudia Sheinbaum corrigieron cuando gobernaron la Ciudad de México. Trabajadores de base pero sin derecho a recibir prestaciones económicas. 

Los trabajadores del Gobierno de la CDMX recibieron un 3.5 por ciento de aumento a sus salarios y 3 por ciento en prestaciones económicas. A los maestros se les aplicó un incremento del 9 por ciento retroactivo a enero, más un uno por ciento adicional en septiembre. La diferencia es de casi tres veces, ¿por esa evidente discriminación el grupo de Hugo Alonso no agradece a la jefa de gobierno?

Alonso Ortiz, secretario general de la sección 1 Limpia y Transportes está más interesado en que se le permita se candidato a la presidencia del SUTGCDMX en las elecciones de julio, lo que explica el júbilo con el que su grupo recibió los anuncios en materia laboral, permitiéndoles minimizar el deterioro salarial: la inflación anualizada hasta abril es de 3.69 por ciento, con lo que de entrada los trabajadores pierden frente a los precios.

Tiene enfrente un problema: el grupo de secretarios generales seccionales que encabeza Cesar Piña cuenta con una mayoría holgada de los delegados al congreso en el deberá tomar posesión en caso de ganar las elecciones en julio. El fantasma del directorio sindical -como en enero de 2021- otea de nuevo…