por el Ardid
En el complejo mapa de los organismos públicos federales, Financiera para el Bienestar (Finabien) ocupa una posición desconcertante. A diferencia de otras instituciones con funciones similares —como Correos de México (Sepomex)o incluso el Banco del Bienestar—, a Finabien se le ha asignado una doble carga difícil de sostener: cumplir con una misión de inclusión financiera a bajo costo y, al mismo tiempo, operar bajo criterios de autosuficiencia financiera.
Es decir, el Estado le exige que actúe como empresa pública eficiente, pero sin permitirle cobrar tarifas comerciales ni otorgarle subsidios operativos. La contradicción es evidente: si su objetivo es acercar servicios financieros a la población históricamente excluida —como el envío de remesas sin comisiones excesivas o créditos sin intereses—, ¿cómo se le puede exigir al mismo tiempo que sea rentable?
El caso contrasta con el de Correos de México, otro organismo descentralizado que, si bien también brinda un servicio público a bajo costo, sí recibe presupuesto federal cada año. Correos no está obligado a generar ingresos que cubran sus operaciones, ni se le mide bajo estándares financieros privados. Su objetivo es claro: garantizar el derecho a la comunicación postal, aunque no sea negocio.
Lo mismo sucede, aunque en otra figura jurídica, con el Banco del Bienestar, una sociedad nacional de crédito que opera como banca de desarrollo. Esta entidad sí cuenta con subsidios constantes del gobierno federal, justificados en su labor de distribuir apoyos sociales y bancarizar zonas rurales. No importa que sus operaciones no generen ganancia: su función es política y social.
Entonces, ¿por qué Finabien no recibe el mismo trato? ¿Por qué se le exige rentabilidad, incluso cuando ofrece los servicios financieros más baratos del mercado y, en muchos casos, sin cobro de intereses?
El Wallet PagaCel-Finabien: una contradicción más en la toma de decisiones
En un giro reciente, Finabien ha incorporado un nuevo servicio: el Wallet PagaCel-Finabien, una aplicación móvil que permite a los usuarios abrir una cuenta bancaria, cobrar remesas de Western Union y MoneyGram, hacer pagos de servicios, enviar y recibir SPEIs, y hasta cobrar con tarjeta de crédito.
Este movimiento contrasta fuertemente con la necesidad de autosuficiencia financiera que enfrenta el organismo. Si bien la aplicación ofrece servicios modernos y útiles para los usuarios, la realidad es que, al no generar ingresos por comisiones ni servicios tradicionales (como cobranza de intereses o comisiones por transacciones), este tipo de iniciativas no se ajusta a la lógica de rentabilidad que exige el gobierno.
Más aún, la incorporación de un servicio como PagaCel-Finabien puede desviar recursos y competir con otros actores del mercado, como las entidades bancarias privadas, que sí cobran por estos servicios. Si se ofrece sin tarifas o a precios muy bajos, el servicio disminuirá aún más los ingresos del organismo, lo que lo pone en una posición financiera aún más precaria.
En términos sencillos, recortar las comisiones y ofrecer servicios a bajo costo mientras se exige autosuficiencia es un balazo en el pie para una institución que ya está luchando por mantenerse a flote.
El dilema de Finabien: misión social o viabilidad financiera
La respuesta a esta contradicción no es sencilla. Finabien está atrapada en un dilema: su misión es social, pero sus decisiones estratégicas y su estructura operativa siguen bajo la lógica de la rentabilidad empresarial. Mientras no se reconozca la naturaleza de este organismo como un ente público social, con un respaldo estructural sostenido, la institución seguirá enfrentando dificultades para cumplir su misión de inclusión financiera sin poner en riesgo su propia viabilidad.
En los hechos, lo que se ha generado es una institución debilitada, sin recursos suficientes para infraestructura, personal o tecnología, pero con la presión constante de generar ingresos. Esto ha derivado en estrategias improvisadas, como la venta de seguros o corresponsalías con entidades privadas, que desvían su misión principal.
Aun con un discurso centrado en la austeridad y la autosuficiencia, la administración de Finabien ha incurrido en gastos que resultan difíciles de justificar. Uno de los ejemplos más llamativos es la habilitación de un gimnasio en oficinas centrales, en plena etapa de recortes presupuestales. Mientras se recortan servicios, se despide personal o se limitan insumos básicos en las sucursales, en el centro de mando se invierte en instalaciones que no tienen relación alguna con los objetivos institucionales.
A ello se suma el cierre arbitrario de sucursales, muchas veces sin evaluar la productividad ni la necesidad social de mantenerlas. Al mismo tiempo, se conservan oficinas con exceso de personal, como ocurre con la sucursal de la alcaldía Gustavo A. Madero, lo cual ha levantado sospechas debido a que en ese lugar trabaja un familiar del representante sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de financiera para el bienestar en la Ciudad de México, Jesús Daniel Valdés. Este es sólo un ejemplo de las decisiones administrativas que no se explican por criterios técnicos, sino por acuerdos políticos o sindicales opacos, que terminan afectando la eficacia operativa del organismo.
Este tipo de prácticas debilitan no solo las finanzas de Finabien, sino también el margen de negociación del sindicato, pues se intercambian tratos con la autoridad por beneficios particulares, como licencias sindicales injustificadas o protección de plazas. En un modelo que exige autofinanciarse, cada peso mal asignado es un golpe directo a la sostenibilidad del proyecto.
Financiera para el Bienestar está atrapada entre dos lógicas contradictorias: cumplir una misión social de inclusión financiera sin costo, pero bajo exigencias de rentabilidad y autosuficiencia que contradicen su naturaleza. Mientras no se le otorgue un financiamiento público sostenido o se rediseñe su modelo operativo, la contradicción continuará afectando su funcionamiento, su personal y su impacto en la población.