El funcionario abrió cajones de escritorios de trabajadores de zona regional oriente; violó derechos humanos
Rifirrafe entre Aarón Ortega y Hugo Alonso en presencia del secretario de gobierno, César Cravioto
Victorio Montalvo Rojas, subdirector de pensiones del ISSSTE, mostró, el viernes 16 de mayo, lo que parece ser el talante autoritario gubernamental: en hechos que vulneran derechos humanos e implican hostigamiento laboral, abrió cajones de los escritorios de trabajadores del departamento de pensiones de la delegación regional oriente en la Ciudad de México, en busca de pruebas de actos de corrupción.
Atosigado por la subdelegada de prestaciones, María Beatriz López Chávez, no encontró nada que incriminara a los trabajadores. En cambio, si fuese honesto, debiera presentar un informe a la Dirección de Administración y Finanzas de las deplorables condiciones laborales que imperan en él área.
Los trabajadores, con dinero de sus míseros salarios -en el ISSSTE desde hace 13 años no se revisan las condiciones generales de trabajo- han comprado mesas y botes de plástico para tener condiciones donde laborar, frente al descuido en que durante años han estado sometidas las oficinas.
La llegada de nuevos funcionarios, incluida la subdelegada de prestaciones, López Chávez y del jefe de departamento, Héctor Hugo Martínez Velázquez, les hizo concebir esperanzas que la situación cambiaría. Pronto el gozo se fue al pozo: sobre todo ella inició señalamientos de corrupción para presionar renuncias y abrirles espacios a sus compromisos.
La señora López Chávez fue diputada federal por Morena en la LXIV Legislatura donde, en posiciones que exhiben demagogia por decir lo menos, se decía estar en favor de los trabajadores. Al asumir como funcionaria en el ISSSTE, privilegió los compromisos y el amiguismo, sin importarle dejar en la calle a quienes eran el sustento de su familia.
Si la actitud de López Chávez es deleznable, la de Montalvo Rojas raya en la miseria, debido a que durante la primera parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue director general de Política Laboral y Desarrollo de Personal. También ha sido diputado federal dos veces -por el PRD- y director de Caja de Previsión de los Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.
Así como tuvo capacidad para revisar cajones de los trabajadores, debiera tener honestidad para explicar la contratación de uno de sus hijos en el área a su cargo, así como la enorme lista de familiares de la jefa del departamento de normatividad, la «maestra» Brenda Xochitl Samudio Luna, incluidos su esposo, su hermana, su cuñada y su amiguis María Isabel González Ambrosio. Eso es corrupción.
Montalvo Rojas pudiera explicar las complicidades que lo unen con Arturo Rivera, jefe de servicios en la Jefatura de Asignación de Derechos, un personaje que con prepotencia y despotismo intenta cubrir su ignorancia. ¿Por que mantiene como jefe de servicios de atención integral a jubilados y pensiones a Juan Pablo Trejo Parada, señalado de enriquecimiento precisamente con pensiones?
¿El subdirector de pensiones desconoce la corrupción imperante en las dos unidades administrativas de administración de prestaciones económicas de la zona norte del ISSSTE en la CDMX, durante la gestión de su protegido, el ex subdelegado de prestaciones, Fernando López Campos? Es evidente que no tienen intención de combatir la corrupción.
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La intervención de Cesar Cravioto, secretario de gobierno del Gobierno de la Ciudad de México parece no haber generado condiciones para resolver la división de los dirigentes del sindicato mayoritario. Incluso testificó un rifirrafe entre Aarón Ortega Villa y Hugo Alonso Ortiz.
En esa reunión, lo único que se logró fue el compromiso del GCDMX que las tomas de nota que faltan de las secciones en las que se han realizado elección de dirigentes -¿incluido César Piña que enfrenta un juicio de nulidad?-, serán entregadas por el tribunal de conciliación y arbitraje y que, se convocará en las que faltan por llevarlas a cabo como primera parte para la elección de los dirigentes sindicales para los próximos cuatro años.
La división entre los grupos que encabezan Alonso y Piña impiden alcanzar acuerdos para la organización de la elección de presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) y del congreso de toma de posesión. Están a la espera que el gobierno de Clara Brugada decida quién será el candidato.
Alonso Ortiz, sectario general de la sección 1 Limpia y Transportes, en torno a cuya figura están alineadas otras 13 secciones, le apuesta a que sus relaciones políticas le garantizan la candidatura. Piña Rodríguez y sus seguidores apuestan por otra opción por decisión gubernamental.
El artículo 26 de los estatutos ordenan que el congreso debe realizarse en julio. En caso de no llevarse a cabo, el 1 de agosto Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) estará acéfalo y, la mayoría de secretarios generales vigentes deberán instalar un directorio sindical, lo que de ocurrir aumentará los riesgos para Alonso Ortiz.
Se equivocan quienes creen que la gestión de Ortega Villa estará vigente hasta el 21 de septiembre, como lo establece la toma de nota. Los estatutos, al ser la ley máxima de ese sindicato no deja lugar a dudas que concluye el último de julio.
El presidente sindical saliente, Aarón Ortega Villa en lugar de acercar a los dos grupos, es parte del problema, alineándose con Piña Rodríguez, en lo que deja ver su intención de evitar que Alonso Ortiz se convierta en su sucesor y cumpla con su amenaza de exigirle cuentas de las cuotas de los trabajadores.
Parece una nimiedad que en la reunión con Cravioto, Ortega Villa hubiera reprochado a Alonso Ortiz que lo amenazara con irlo a sacar de su oficina por la fuerza. La respuesta fue lógica.
Para no publicar las convocatorias a elecciones en las cinco secciones que faltan -sólo está en proceso la 22 Promoción Deportiva-, el grupo de Piña y de Ortega Villa argumentan que Hugo no ha entregado el deportivo «18 de marzo» a lo que se había comprometido en la reunión con Cravioto. No hubo tal compromiso.
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Martín Esparza Flores, cumplió 20 años en la secretaría general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Garantizó llegar al medio siglo en la posición, con una reelección que será todo menos democrática.
Las elecciones se realizarán entre 16 y 27 de junio. Sólo participará la planilla «11 de octubre» que postula a Esparza Flores. El triunfo está asegurado.
Para evitar la participación de otros contendientes, la comisión electoral 2025-2030, exigió a los aspirantes un requisito que no contempla los estatutos sindicales: la credencial actualizada de la organización.
Entre enero y abril se realizó la campaña de credencialización. Se actualizaron 12 mil 464 plásticos. Sólo que ahí estuvo la trampa: a Emilia Piña se le negó el registro de su planilla «Dignidad y Democracia», por la falta de la credencial actualizada.
Y no la tiene porque se la negaron al tener abierto un juicio ante la mal llamada comisión «autónoma» de justicia. La señora Piña dio a conocer que el procedimiento fue por participar en una contienda.
El Frente Amplio de Unidad decidió no prestarse a lo que llamó «proceso amañado».
El amadísimo líder Esparza Flores ofrecerá, con su reelección, una lección de democracia qué duda cabe, de la que seguramente la 4T se sentirá orgullosa?